Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), ha abierto un nuevo frente institucional con unas declaraciones cargadas de reproches contra el Consejo Superior de Deportes (CSD). Después del Europeo por Equipos celebrado en Vallehermoso, y tras un sexto puesto de la selección española, Chapado rompió su tono anodino para cargar duramente contra el reparto de ayudas públicas.
Según él, el atletismo español está siendo “tremendamente castigado” y el nuevo sistema de asignación de fondos del CSD “demuestra un desconocimiento profundo del alto rendimiento”. Incluso llegó a advertir que, con este panorama, “probablemente, en Tokio estaremos mucho peor preparados”.
Pero la respuesta del CSD no tardó en llegar. No solo desmintieron las acusaciones de agravio económico, sino que aportaron cifras que desmontaban el relato victimista del dirigente federativo. “Si se tienen en cuenta también los gastos indirectos, la Real Federación Española de Atletismo pasaría a ocupar el primer puesto del ránking”, aseguran. Sumando ayudas directas (8,8 millones) e indirectas (más de 3 millones), la federación de Chapado encabeza el ranking nacional de apoyo institucional. Desde el CSD recuerdan, además, que desde 2017, año de la llegada de Chapado al cargo, las ayudas prácticamente se han duplicado.
Lo cierto es que el estallido público del presidente llega en un momento comprometido. Por un lado, Chapado esperaba un resultado mejor en el Europeo de Madrid, donde las gradas medio vacías contrastaban con la ambición del evento.
Y es que, más allá de las subvenciones, hay otra realidad que se está haciendo cada vez más ruidosa en el mundo del atletismo español, según anuncia Gerardo Cebrián, experto en atletismo y responsable de prensa de la RFEA durante 35 años, en la red social X: entrenadores sin cobrar y atletas adelantando gastos.
Los entrenadores colaboradores, parte esencial de la preparación de los atletas, aún no han cobrado un euro por su trabajo en 2025. Ni siquiera se les han reembolsado los gastos de viajes a campeonatos que tuvieron que adelantar de su bolsillo. Para rematar, acaban de ser informados de que los desplazamientos a próximos campeonatos de España quedan suspendidos sine die.
En cuanto a los atletas, también están en pie de guerra. La RFEA les habría comunicado que deben adelantar los gastos de su preparación para el Mundial de Tokio 2025 porque no hay liquidez en las arcas federativas. Una situación inexplicable teniendo en cuenta las cifras de ayudas públicas y los gastos recientes.
Desde el CSD han sido tajantes, poniendo de relieve la tensión acumulada entre ambos organismos.
¿El elefante en la sala? Una sede con hipoteca
Uno de los puntos más polémicos de la gestión Chapado es la compra de una nueva sede para la RFEA en Madrid, financiada con una hipoteca de 1,5 millones de euros. El edificio es moderno, sí, pero también supone un gasto de mantenimiento elevado, en un momento en el que se pide a los atletas que se autoabastezcan y a los entrenadores que trabajen gratis.
“Menos sedes millonarias y sueldazos, y más dinero para atletas”, critican. Muchos se preguntan cómo se puede justificar semejante inversión mientras se paraliza la actividad ordinaria y no se garantiza el mínimo bienestar económico de los protagonistas del atletismo.
En redes sociales, el discurso victimista de Chapado parece que no ha calado. Y, de puertas para adentro, las críticas son aún más feroces. En general, las respuestas a su intervención pública oscilan entre la sorna y la indignación. Otros se preguntan cómo es posible que los atletas tengan que pagar su preparación mientras se acometen gastos superfluos para “quedar bien”. Algunos incluso señalan que esta salida de tono podría costarle cara, en referencia al posible recorte definitivo si se rompe el diálogo con el CSD.
Chapado busca reivindicarse. Pero a este ritmo, corre el riesgo de quedar aislado institucionalmente. También dentro del propio atletismo español. Ha abierto una guerra con quien controla las ayudas, mientras entre bambalinas los suyos empiezan a cuestionar decisiones, prioridades presupuestarias y el estilo personalista de su gestión.
